La Constitución Política de 1917 causó gran estruendo entre ciertos sectores sociales, pero el episcopado se consideró particularmente golpeado, pues consideraba que violaba los principios más sagrados de la Iglesia: el artículo 3 prohibía a corporaciones y ministros de culto dirigir escuelas de instrucción primaria; el artículo 24, que prohibía la realización de actos de culto en lugares públicos; el artículo 27 restringía a las asociaciones religiosas adquirir, poseer o administrar bienes raíces; y el artículo 130, que desconocía personalidad jurídica a la Iglesia. Alrededor de treinta clérigos (ocho entre arzobispos y veintidós obispos) se opusieron abiertamente, pero José de Jesús Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, asumió la postura más virulenta. Con la publicación de sus cartas pastorales, comunicados y pronunciamientos, no sólo desconocía públicamente a la Constitución Política, sino a las autoridades federales, estatales y locales. Como su postura fue extrema, las autoridades lo arrestaron y encarcelaron en Pachuca, acusado de sedición. Ante la pugna creciente entre el Gobierno y la Iglesia católica, en abril de 1927, casi todo el episcopado fue desterrado. Manríquez y Zárate se estableció en los Estados Unidos y, desde ahí, se radicalizó aún más. Desconoció los arreglos del conflicto religioso pactados entre el presidente Emilio Portes Gil y los prelados Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz Barreto, en junio de 1929. En sus "Mensajes al mundo civilizado", llamó a los católicos del mundo para que contribuyeran con recursos y armas para derrocar a Calles. Sin embargo, a pesar de que la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa lo llamó reiteradamente para que cruzara la frontera y se sumara al ejército cristero, Manríquez y Zárate no lo hizo.